La formación profesional en España se está convirtiendo en una prioridad educativa y social no siempre bien atendida por el sistema público. Pese a que la matrícula en formación profesional se ha incrementado en este inicio de curso en torno a un 15 por ciento de media, se calcula que en España serán cien mil los jóvenes que se han quedado fuera por no tener plazas en los centros estatales de enseñanza. El porcentaje de alumnos españoles matriculados en la formación profesional es de un 31 por ciento en la edad de las enseñazas posobligatorias. Hay que tener en cuenta que una de cada tres ofertas de empleo está pensada para perfiles que han estudiado formación profesional. Sin embargo, España se encuentra diez puntos por detrás de la media europea.

Atrás quedaron los años en los que sobre la formación profesional pesaba el estigma de considerarla una alternativa de menor valor para la promoción personal y social de los jóvenes. La recuperación de la “imagen social” de la formación profesional debe servir de oportunidad para el incremento de la oferta de plazas ante una demanda creciente y la necesidad de un desarrollo de los modelos de enseñanza duales, que tienen como base la inserción temprana en las empresas. Con la herida de una tasa de paro juvenil del 26 por ciento, las administraciones públicas competentes deben apostar por este sistema, fomentando además el sistema de conciertos, dado que son numerosas y pioneras las iniciativas de la sociedad civil en este campo.