El canciller Scholz abandera la propuesta de un gaseoducto desde la Península Ibérica al centro de Europa a través de los Pirineos y financiado por Bruselas. El proyecto, protagonista de la rueda de prensa de balance final de curso del jefe de gobierno alemán, es una vieja reivindicación española, paralizada en 2019 por las resistencias de Francia, el país, después de España, con mayor capacidad de regasificación en la UE.

La guerra de Ucrania ofrece a Portugal y España la ocasión histórica no solo de romper con su aislamiento energético; en el caso español, se plantea la oportunidad de asumir una posición de liderazgo energético, ahora con el gas licuado, y en un futuro próximo con el hidrógeno verde. Para eso, en primer lugar, es esencial responder de forma solidaria a las necesidades para este invierno del resto de la Unión. Los dos principales partidos españoles coincidirán sin dificultad en este punto.

Lo llamativo entonces es cómo PP y PSOE han permitido que la política energética se vea enturbiada por la crispación. Desde el Ejecutivo se apunta a algunas reacciones destempladas por parte de la oposición, pero si el Gobierno estaba interesado en un pacto de Estado, debería haber dialogado, en lugar de presentar hechos consumados. Aún hay tiempo de rectificar. Sería irresponsable no hacerlo. España no puede contar con que todos los días salga un canciller alemán en defensa de sus intereses.