Línea editorial: "Una nueva Ley de Seguridad Nacional"

Poco de lo que vamos sabiendo del proyecto de Ley de Seguridad Nacional que prepara el Gobierno apunta en la buena dirección. Aunque exista un consenso sobre la necesidad de adaptar la legislación actual a las nuevas amenazas, el camino tomado por el Ejecutivo apunta hacia una dirección equivocada. El riesgo de que la nueva ley confiera excesivos poderes a la persona del presidente del Gobierno y que limite hasta extremos no aceptables las libertades y los derechos fundamentales de las personas es demasiado evidente.

También es dudosa la manga ancha a la hora de expropiar bienes, como pretende Podemos. En el complejo equilibro, ante circunstancias extraordinarias, entre seguridad y libertad, las democracias siempre han propuesto mecanismos reguladores adecuados como garantía.

El nuevo proyecto de Ley de Seguridad Nacional no solo se refiere a los procedimientos ante una amenaza que requiera la coordinación de los poderes del Estado, sino que plantea algunas medias sorprendentes. Por ejemplo, la reserva de plenos poderes para el presidente del Gobierno, la ampliación de la influencia en las decisiones del director del Gabinete de la Presidencia, la obligada colaboración de los medios de comunicación “en la difusión de informaciones preventivas y operativas” o la suspensión de la ley de Trasparencia. No parece conveniente que sea la ley quien imponga a los medios lo que tienen que hacer en situaciones extraordinarias.