La mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el de la Generalitat de Cataluña se ha convertido en un galimatías que solo sirve para que ambos protagonistas ganen tiempo y puedan construir sus respectivas narraciones. No se trata solo de que la “mesa”, como tal, sea un sinsentido. Estamos ante una inaceptable claudicación del Estado, que se sitúa al margen de los cauces institucionales para el diálogo con las Comunidades Autónomas. El Gobierno quiere proyectar la imagen de una cierta “normalización” en Cataluña, al tiempo que busca desgastar a la coalición de los secesionistas, apostando por el pragmatismo de ERC. Por su parte, Aragonés quiere hacer ver que el Estado ha cedido a su pretensión de negociar la autodeterminación. Ni una cosa ni la otra tienen que ver con los intereses del conjunto de los españoles, ni de los catalanes en particular.

El plan de Sánchez pasa por estrechar su alianza con ERC y provocar su ruptura con Puigdemont, con vistas a que emerja la figura de Salvador Illa, el candidato que consiguió más votos en las elecciones, pero no consiguió gobernar. La negativa de Pere Aragonés a que participen en la mesa los representantes designados por Junts Per Cataluña, la asistencia personal de Sánchez para presidir la reunión, y el compromiso de Esquerra de apoyar el “techo de gasto”, muestran que la operación, de momento, funciona.

Mientras, los constitucionalistas siguen sin contar con el apoyo efectivo del Gobierno, y los acuciantes problemas económicos y sociales de Cataluña siguen sin resolverse por la asfixia de un nacionalismo políticamente a la deriva.