Este viernes el Gobierno de Sánchez ha celebrado su penúltimo Consejo de Ministros y la ministra portavoz ha confirmado que el Ejecutivo va a aprobar hasta el último momento nuevos decretos leyes. Esta decisión no respeta la regulación constitucional del decreto ley, que establece como requisito una extraordinaria y urgente necesidad. Es además una irresponsabilidad hacerlo cuando dentro de unos días se van a disolver las Cortes y tendrá que ocuparse de su posible convalidación la Diputación Permanente que no está pensada con ese fin.

Sánchez defiende que ha hecho por los españoles en ocho meses más de lo que hicieron los Gobiernos anteriores. Pero también utiliza lo que no ha hecho, o lo ha que ha hecho mal, porque en ese caso se lo atribuye a la malvada oposición. El principio de responsabilidad ha desaparecido. Ayer tuvimos un buen ejemplo. La ministra Celáa quiso hacerse eco del desahucio de cuatro familias. Según la ministra portavoz, esos desahucios no se hubieran producido si no hubiese habido una mayoría malvada en el Congreso que tumbó el decreto-ley de alquileres.

La convalidación del decreto de modificación de la ley de alquileres lo tumbó el voto del único socio que le quedaba hasta hace unos días al Gobierno: Podemos. No se debe lanzar nadie a una piscina, esperando que la llenen otros. Sobre todo porque el planchazo se lo han llevado los españoles.