Tal como han acordado gobierno, patronal y sindicatos la prohibición de los despidos por motivos económicos para las empresas que están acogidas a los ERTES seguirá en vigor hasta el mes de mayo. Una medida que responde a la previsión de empeoramiento de la situación económica para los próximos meses y que pretende dar algo de tranquilidad a empresas y trabajadores. Lo que se pone de manifiesto en estos primeros compases del año, marcados por nuevas restricciones ante la tercer ola de la pandemia, es la ausencia de una respuesta política integral a la crisis. La utilidad de los ERTEs es indiscutible, pero no hay que olvidar que forman parte de un plan de choque para limitar los daños, pero no puede ser la respuesta de fondo.

La ausencia de un diseño claro de política económica, más allá de la gestión de los fondos europeos, es una gran asignatura pendiente del Ejecutivo. Ese plan integral se complica más por las divisones internas en el gabinete, entre el vicepresidente Iglesias y los ministros socialistas responsables del área económica. La tensión latente se agudiza con la decisión de los sindicatos de convocar movilizaciones el próximo 11 de febrero ante la decisión de no subir el salario mínimo, congelar la reforma laboral o los planes en torno al sistema de pensiones.

Con el empeoramiento de las previsiones y la llegada de los fondos europeos se hace evidente que el gobierno no puede seguir en la indeterminación ni en la ambigüedad. Es preciso marcar un rumbo claro en política económica y eso se va a poner a prueba la solidez de la coalición.