El Parlamento europeo ha tomado una decisión sin precedentes: instar al Consejo de Europa a que inicie un procedimiento sancionador contra Hungría, que podría acarrear la aplicación, por primera vez en la historia, del artículo 7 del Tratado de la Unión, que prevé la suspensión del voto en el Consejo a aquellos países que atenten contra sus valores fundacionales. Esta decisión se ha producido después de que el Primer ministro húngaro, Víktor Orban, desafiara con un provocador discurso a las instituciones europeas, a las que acusó de insultar a Hungría y de dar lecciones de lo que conviene y no conviene a sus ciudadanos. La votación ha creado una brecha en el grupo parlamentario popular europeo que puede llevar a su fractura.

Orban ha ganado sucesivas elecciones con un discurso populista que coloca en permanente confrontación los intereses de su país con los de la Unión Europea. Siempre arrogante en sus formas, su exitoso discurso incurre en contradicciones como defender las raíces cristianas y rechazar visceralmente la acogida a inmigrantes y refugiados, uno de los rasgos de la identidad cristiana del continente.

En cualquier caso su desafío no debe tomarse a la ligera porque Hungría lidera a los países críticos con las políticas migratorias europeas como Polonia, Eslovaquia y la República Checa. Para resolver este problema no serán suficientes las sanciones, que incluso pueden incrementar la popularidad de Orban en su país.