Sin la transparencia prometida en campaña electoral, el PSOE continúa su negociación con ERC. Tras la tercera reunión, celebrada esta vez en Barcelona, y de la que hemos conocido muy poco, ya se admiten avances en la definición de los instrumentos necesarios para encauzar un supuesto “conflicto político” en Cataluña. Los socialistas estarían dispuestos a arbitrar una comisión Generalitat-Estado, que aceptaría por la vía de los hechos la relación bilateral tan ansiada por los independentistas y que podría ser aprobada previamente por el Congreso de los Diputados.

Sánchez se mueve como pez en el agua en este juego de difíciles equilibrios para ceder ante ERC y ante Junts per Cataluña, que ya ha hecho un gesto claro retirando la moción en defensa de la autodeterminación que había presentado en el Parlamento catalán. De esta forma trataría de presentarse ante la opinión pública como el “desbloqueador” de la compleja situación, a través de un diálogo que aparente no salirse de la legalidad constitucional.

Mientras tanto, varios partidos minoritarios que ya han comenzado la ronda de consultas con el rey Felipe VI están transmitiendo su preocupación por las hipotecas que el PSOE pueda contraer. Lo cierto es que los independentistas tienen la llave de la investidura en su mano, pero no a causa de la aritmética parlamentaria, sino porque Pedro Sánchez prefiere como socios a los protagonistas de la sedición en Cataluña antes que a los constitucionalistas.