La estrategia de ganarse el favor de los independentistas catalanes a cambio de todo tipo de cesiones, sin afrontar el problema de fondo, ha sido uno de los puntales estratégicos de la legislatura de Pedro Sánchez, y explica buena parte de sus desatinos. A cambio de que rebajaran su programa de máximos, cosa que ni siquiera ha logrado, Sánchez les ha convertido en socios privilegiados y ha indultado a sus líderes condenados por sedición, pero también ha permitido que modelen su discurso, dejando así desamparado al Estado de Derecho.

Que el presidente calificase como “piolines” a los policías desplazados a Cataluña en 2017 para impedir un golpe de Estado, siguiendo escrupulosamente el mandato judicial, es más que una anécdota. Ese calificativo hace referencia al barco en el que esos policías debieron residir durante meses, sufriendo todo tipo de vejaciones por parte de los actuales socios de Sánchez, y responde a la jerga despreciativa utilizada por dichos socios. Que el presidente de todos los españoles asuma ese lenguaje en el debate parlamentario es vergonzoso. Pero aún más preocupante es que se desentienda de la responsabilidad que asumieron todas las instituciones del Estado para defender el orden constitucional en uno de los momentos más críticos de su historia. Por aquel entonces Sánchez apoyó responsablemente la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pero ahora parece preferir el lado oscuro.