Revisión necesaria

La lucha contra la violencia sexual es un desafío. Por eso es deseable que cuando un Gobierno se decide enfrentar un asunto como este lo haga contando con los mejores juristas, psicólogos, asociaciones de víctimas de violencia sexual y agentes sociales expertos en la materia.

En España, el actual Gobierno parece haber optado por la prisa. En manos de la ministra Irene Montero, titular de Igualdad, el proyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual ha sido más bien fruto de la improvisación y, desgraciadamente, también de la incompetencia. Eso es lo que los expertos alegan para explicar sus reservas y críticas a un proyecto de ley reactivo y poco respetuoso con cuestiones básicas como la presunción de inocencia que en un marco legal garantista debe suponerse de cualquiera hasta que no sea probado lo contrario.

El consentimiento en las relaciones sexuales, el acoso y su naturaleza, el significado más preciso de lo que es agresión, y el cómo afecten estos aspectos al Código Penal son cuestiones graves que han despertado las críticas de los juristas, hombres y también mujeres, algunos de ellos muy próximos al Gobierno y al PSOE. 

No es extraño que el Ministerio de Justicia haya limado el contenido de la Ley. En todo caso un texto de esta gravedad, dado los contenidos regulados, merecería un diálogo público con los expertos y una redacción que concitara una mayoría parlamentaria lo más amplia posible. No importa si el anteproyecto se demora, las prisas por legitimarse no pueden justificar una mala ley.