El próximo domingo, el rey Felipe VI presidirá en el municipio vasco de Ermua un acto de homenaje a la memoria del que fuera concejal del PP, Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 25 años. Junto al rey acudirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que mantiene el pulso de la legislatura gracias a sus acuerdos con Bildu, el partido que mantiene vivas las reivindicaciones de ETA. Es cierto que Bildu es un partido legal, pero su objetivo es destruir el orden constitucional, lo cual no es obstáculo para que el PSOE de Sánchez busque su alianza. Lo ha hecho, por ejemplo, en un asunto tan delicado como la ley de "Memoria democrática", entregando a los herederos políticos de ETA la posibilidad de escribir el relato de la lucha contra el terrorismo y del proceso de nuestra Transición.

El expresidente Felipe González dijo ayer que "no le sonaba bien" este pacto, que viene a blanquear el terrorismo etarra, al tiempo que criminaliza al PSOE. Mucho más contundente ha sido José María Aznar, al calificar de "disparate" una ley de memoria pactada con los herederos de ETA. No podemos olvidar que aún hay 379 asesinatos de ETA que no se han resuelto policial ni judicialmente, y que el propio Parlamento Europeo pidió meses atrás que se investigasen como delitos de lesa humanidad. Si de memoria histórica se trata, la política de blanqueo y alianza con Bildu que Sánchez viene practicando, tras haberse comprometido públicamente a no pactar jamás con Bildu, no deberían olvidarse por parte de la sociedad española.