Hoy entra en vigor la llamada Ley de Memoria Democrática, designación absurda y arbitraria. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, califica esta ley de “humanitaria”, porque según él, está con las víctimas, y por eso denuncia que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox no se sumen al consenso, que nunca ha existido y de ningún modo se ha buscado por parte del PSOE y sus socios.

La declaración del franquismo como régimen ilegal, la retirada de títulos nobiliarios a los colaboradores del Golpe del 36, la resignificación del Valle de los Caídos y la obligatoriedad de una única interpretación de nuestra historia son algunas de las cuestiones de esta ley que es una vuelta de tuerca de la norma aprobada en 2007 bajo el mandato de Zapatero. Ni una sola de las 500 enmiendas presentadas por la oposición han sido admitidas. En realidad, la intención política de los socios de Gobierno es muy dispar. Una de las motivaciones más preocupantes es la deslegitimación de la Transición a la democracia y del orden constitucional del 78. Reparar a las víctimas, a todas, es un deber de las sociedades democráticas que va mucho más allá de las aritméticas y las cuotas parlamentarias. Hay que exigir el respeto más escrupuloso a las víctimas para que nadie las instrumentalice y haga política partidista con ellas.

Lo que no pueden hacer las leyes en un estado democrático es imponer una interpretación correcta de la historia, la suya. Dejemos a los historiadores investigar y debatir en libertad. Y no dinamitemos las bases de la reconciliación que se expresa en la Constitución del 78.