El Gobierno está buscando apoyos para conseguir una prórroga del estado de alarma de un mes. En la fase de desescalada en que estamos, no es necesario continuar con un estado de alarma que más parece un estado de excepción. Aún tiene menos sentido buscar una prorroga más larga que los quince días que la Constitución fija. Las pretensiones de Sánchez hacen sospechar que el presidente quiere evitar el control parlamentario y solucionar su debilidad vulnerando el espíritu de la norma. Existen instrumentos jurídicos para garantizar la disciplina sanitaria sin necesidad de mantener medidas excepcionales. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado, de forma provisional y sin un estudio del pleno, a favor de la suspensión del derecho de manifestación en este período. Por el contrario algunos tribunales superiores se han manifestado a favor del derecho de manifestación, siempre y cuando no se comprometa el bien jurídico de la salud.

El sentido común apunta a que debe prevalecer el derecho de manifestación, ejercido con garantías sanitarias, sobre la limitación de libertades. Existe un malestar difuso en la ciudadanía por la gestión gubernamental de la crisis, por su opacidad y por la sensación de falta de libertad. Es deseable que ese malestar encuentre su cauce para expresarse, y también que las protestas discurran sin exabruptos y con respeto a las personas y a las instituciones. Vamos a tener mucho tiempo para analizar a mala gestión del gobierno, y mientras tanto los tribunales deben velar por el estricto cumplimiento de la legalidad y la tutela de los derechos fundamentales.