Ya nadie duda de que la denuncia por agresión homófoba registrada el pasado domingo en Madrid es falsa. Pese a ello, hay sectores que se empeñan en sacar rédito de una noticia que si debe tomarse en consideración es, precisamente, por las consecuencias nefastas que provocan las denuncias falsas. Si las cifras que registran denuncias por delitos de odio son elevadas, es responsabilidad de los poderes públicos intervenir para frenar este tipo de actos y, de paso, favorecer con medidas adecuadas que las víctimas reales puedan denunciar con todas las garantías. En esa batalla se entiende que deben estar y están todas las fuerzas políticas democráticas. Sin embargo, en España, las cosas andan por otros derroteros.

La denuncia falsa, lejos de provocar indignación, ha servido para calentar los ánimos. Las intervenciones desde el Gobierno son bochornosas. Se puede y se debe defender a las víctimas de delitos graves, pero precisamente por eso no se debe confundir el trigo con la paja. Y mucho menos se puede responsabilizar a la oposición política de un delito del que no es culpable.

Ni el PP ni VOX son responsables del aumento de los delitos de odio. No se puede decir impunemente que ambos partidos son homófobos y que su discurso favorece la comisión de un delito grave. El uso partidista de un asunto como este es desleal y pernicioso, y no beneficia en nada a las víctimas de delitos de esta naturaleza. La prevención y la protección debe hacerse en un marco legal y político basado en la responsabilidad y no en la trifulca política en beneficio propio.