Con 178 votos a favor y 172 en contra, y con un apoyo social mínimo, el Congreso de los Diputados aprobó ayer la Ley de amnistía, una ley a medida de un prófugo de la justicia hecha con la finalidad de garantizar su impunidad y la permanencia de Pedro Sánchez en el Gobierno. Una ley que supone la claudicación del Estado, la puesta en entredicho de la separación de poderes y de los principios constitucionales de igualdad y solidaridad entre los españoles. El daño a las instituciones del Estado de Derecho erosiona de modo profundo nuestra democracia. Es una ley legitimadora de quienes no se han arrepentido de intentar un golpe de Estado, al contrario, afirman que la amnistía legitima su acción y que la próxima estación de este tren es la autodeterminación. De esta manera echan por tierra la supuesta intención de “reconciliación” con la que el Gobierno quiere envolver la amnistía.

El Gobierno pretendía garantizar la estabilidad, pero, en realidad, lo que hace es consagrar la inestabilidad política y económica en una legislatura que se le ha ido de las manos y que está condicionada por la voluntad de un prófugo de la justicia. La renuncia de Sánchez a presentar los Presupuestos Generales del Estado no es más que el reconocimiento de la imposibilidad de garantizar el apoyo de sus socios, ahora enfrentados entre sí en las elecciones catalanas.

Esta situación inflamable y de difícil pronóstico reclama la perseverancia de la sociedad civil en defensa de los contrapesos democráticos y una apuesta decidida por la regeneración de nuestro sistema democrático