En esta sexta ola el virus ha vuelto a entrar con fuerzas en las residencias de ancianos. La buena noticia esta vez es que la tercera dosis ha librado de la gravedad de la patología a miles de personas. La tasa de letalidad, que estaba en el 20% en 2020, se ha reducido al 1%. Ahora el problema está en que más de 8.000 empleados de estas residencias están contagiados y no pueden trabajar. Se discute si, temporalmente, se puede contratar a personal no cualificado. Y también si la solución es volver a cerrar las residencias, solución que tiene consecuencias nefastas para los que viven en ellas.

Esta situación vuelve a poner sobre la mesa la atención a los mayores y la asistencia a los dependientes. El año pasado murieron en España más de 46.000 personas esperando la prestación por dependencia. No es solo un problema de dinero, sino de flexibilidad para resolver problemas. La pandemia obliga a cerrar centros de día, pero no se busca con rapidez una solución. Hay Comunidades Autónomas, como Castilla y León, País Vasco, Navarra que tienen unificados en un único trámite administrativo la valoración del dependiente y la prescripción, algo que agiliza el procedimiento.

En el otro extremo se encuentra Cataluña, que ha recibido casi 100 millones de euros para mejorar su sistema de dependencia y que ha aumentado sus listas de espera. El cuidado de los mayores retrata a una sociedad, la capacidad de ayudar a pobres y dependientes retrata a una administración.