Arnaldo Otegi fue condenado a diez años de prisión e inhabilitación por pertenencia a banda armada. La acusación demostró que él, junto a otros cuatro condenados, cooperaba en la reconstrucción de “Batasuna” por orden de ETA. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ayer se conoció el fallo.

Otegi y los otros acusados han buscado en Estrasburgo una resolución favorable alegando que el Tribunal que les juzgó por el caso Bateragune no era imparcial. Los condenados, dice la sentencia de Estrasburgo, sentían “un temor objetivamente justificado” como consecuencia de un juicio previo, después anulado, en el que Otegi había sido condenado por enaltecimiento del terrorismo.

Ayer, ante el Parlamento Europeo, la chulería de Otegi le llevó a disfrutar un tiempo de gloria que, de paso, ha servido a los independentistas de Torra para sumar agravios contra la justicia española. Pero España es un Estado de derecho en el que rigen las leyes, aunque eso pueda beneficiar a personajes como Otegi. Hoy, con una sentencia sobre la mesa, hay que contar la verdad y toda la verdad. Y la verdad es que Otegi sigue inhabilitado, y no parece que nadie, ni en Estrasburgo ni en España, puede negar los hechos por los que fue condenado.