Nada menos que en un congreso de Escuelas Católicas, la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones ha negado que la libertad de los padres para elegir centro y escoger la enseñanza religiosa de sus hijos forme parte de la libertad de enseñanza recogida en el artículo 27 de la Constitución. La primera reacción de quienes escuchaban a Isabel Celaá fue de estupor. Palabras de trazo tan grueso no resisten un mínimo análisis y entran en abierta contradicción con la doctrina del Tribunal Constitucional, que ha avalado tanto los conciertos educativos como la asignatura de Religión, de elección voluntaria para las familias.

Nadie dice que se trate de derechos absolutos. Especialmente la elección de centro se ve limitada por la oferta educativa, pero la responsabilidad de los poderes públicos es promover que sea lo más amplia posible y responda a las demandas de los ciudadanos. Justamente este es el polémico punto en el que quiere incidir el anteproyecto de ley de Celaá, al eliminar la «demanda social» como criterio para la planificación escolar, una declaración de intenciones sobre el objetivo de convertir la red de escuelas concertadas en meramente subsidiaria de la pública. Un asunto sobre el que va a debatir este fin de semana en Madrid el Congreso Católicos y Vida Pública, que abordará la libertad educativa al inicio de una legislatura en la que empiezan a asomar ya oscuros nubarrones.