El desprestigio al que el Gobierno está sometiendo a las instituciones es motivo de grave preocupación, pero el Ejecutivo confía siempre la evaporación de cada escándalo al ejercicio mediático de la distracción y del ocultamiento, mientras presumen cínicamente de transparencia.

Uno de esos últimos escándalos tiene especial gravedad. Se trata de la sentencia que anula el cese del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, un texto demoledor que prueba la ilegalidad de dicho cese y la desviación de poder por parte del Ministerio del Interior, en una figura jurídica que es, en realidad, la antesala de la prevaricación.

Toda la responsabilidad política del caso recae sobre el ministro Grande-Marlaska y todo indica que la tropelía cometida no fue más que una represalia contra el que fuera mando de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña durante el 1 de octubre de 2017, al negarse a cometer un delito de revelación de secretos al que estaba siendo forzado por la Directora General de la Guardia Civil.

Marlaska ya ha dejado claro que no tiene voluntad alguna de asumir sus responsabilidades, pero la denuncia pública es una exigencia de salud democrática ante un Gobierno que se muestra decidido a instrumentalizar a las instituciones del Estado a su antojo, aunque ello suponga erosionar gravemente el crédito de España como Estado de Derecho.