El principio de separación de poderes está amenazado si la reforma del Consejo del Poder Judicial avanza tal como está planteada. El Consejo General del Poder Judicial ha remitido a la Mesa del Congreso su petición de que en la tramitación de la reforma del Poder Judicial se escuche al órgano de gobierno de los jueces. Los vocales del Consejo, con independencia de las llamadas “sensibilidades ideológicas” con las que suele clasificárseles, alertan de los riesgos de este proyecto de reforma, e invocan el parecer de la Comisión de Venecia, órgano del Consejo de Europa encargado de velar por el principio de independencia del Poder Judicial, sacrosanto en un Estado de Derecho.

Cuando un Gobierno cree que puede vulnerar un principio como este es que algo grave está fallando. Los jueces no serán escuchados en sede parlamentaria. El error es creer, y trasladarlo así a la ciudadanía, que los jueces quieren ir al Parlamento a defender sus intereses o supuestos privilegios. La Justicia no se sirve a sí misma, sirve a los ciudadanos en la medida en que garantiza la aplicación del principio de legalidad, frena la arbitrariedad y protege los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos en sus relaciones entre sí y frente al Estado.

La prórroga del actual Consejo General del Poder Judicial no debe extenderse por más tiempo, pero la excepcionalidad no puede justificar acciones que vulneran un pilar del sistema democrático.