La obligación de transparencia del Gobierno y el derecho de todas las personas a acceder a la información pública están garantizadas por nuestra Constitución. La realidad es que el ejecutivo de Pedro Sánchez está haciendo todo lo posible por controlar los mecanismos de transparencia para ocultar datos molestos cuando se le exige dar cuentas de sus acciones que entrañan gasto público. Es lo que ocurre con el extraño rescate de una compañía aérea en ruinas, la Plus Ultra, considerada como “empresa estratégica” a pesar de que tan solo tiene un avión operativo, además de estar vinculada a evidentes intereses del Gobierno de Venezuela.

Ahora, el Gobierno se apresta a distribuir una suma de once mil millones de euros a empresas en dificultades por la pandemia. Lo cierto es que esa cantidad, que ni siquiera ha sido consultada con las corporaciones empresariales para evaluar conjuntamente el alcance real de sus pérdidas, es muy insuficiente, además de dejar atrás a cientos de miles de autónomos y pequeños empresarios. Todavía no se ha llegado a un acuerdo definitivo sobre la forma de distribuir el fondo europeo de recuperación que, por otra parte, se está pareciendo ya al cuento de la piel de oso al estar ahora supeditado a la decisión final del Tribunal Constitucional de Alemania, que ha paralizado provisionalmente la necesaria ratificación de las ayudas de Bruselas. En todo caso, sería bueno que Sánchez se jactara menos de su gestión de la pandemia y se ocupara más de ser transparente y generar confianza.