Es un día triste para España. La ley de la eutanasia entra en vigor este 25 de junio, lo que supone que muchas personas mayores o dependientes vivirán a partir de ahora señaladas como una carga, según lamentó ayer el secretario general y portavoz de la CEE, Luis Argüello. Se trata de un paso más hacia una sociedad profundamente individualista, guiada estrictamente por el criterio de la utilidad y el beneficio económico, donde la pertenencia comunitaria y el cuidado de los otros quedan arrinconados.

Para las profesiones sanitarias, existe una evidente contradicción con el juramento hipocrático y el deber de cuidar. Esto explica la oposición de la Organización Médica Colegial, del Comité Español de Bioética e incluso del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. También el alto número de facultativos que se han declarado objetores, a los que se añaden los alrededor de 75 hospitales católicos existentes en España, que no aplicarán la eutanasia.

Hace falta, sin embargo, una movilización más amplia para revertir una ley que, más allá del serio daño que va a provocar, es un síntoma más de profundas transformaciones culturales. Los obispos piden “un movimiento fuerte de promoción de la vida”. Y están dispuestos a participar activamente, promoviendo un testamento vital que refleja una manera muy distinta, esperanzadora y solidaria de comprender la vida.