En las últimas semanas han aumentado las noticias sobre ocupaciones de pisos, y se ha hablado mucho de cómo remediarlas. El Gobierno de Sánchez ha dado instrucciones a la fiscalía para actuar con más diligencia, y el PP y Vox piden cambios legislativos. No sabemos oficialmente cuantas viviendas hay en España, pero las estimaciones apuntan a que hay 100.000 viviendas ocupadas. La mayoría de esas viviendas pertenecen a bancos o fondos de inversión, pero hay un problema real: las denuncias se han incrementado un 40 por ciento en los últimos cuatro años.

La Ley y las fuerzas del orden no dejan indefensos a los ciudadanos cuando se producen una ocupación de primera o segunda vivienda. Estamos ante lo que nuestro Código Penal llama allanamiento de morada, que suele resolverse en poco tiempo para proteger al propietario. Si la casa ocupada no es utilizada como vivienda el proceso es más largo. Se pueden, sin duda, hacer reformas para mejorar y agilizar la protección de los propietarios.

La defensa de la propiedad privada es esencial para una sociedad libre. Otra cosa es que en España tenemos un grave problema con la vivienda. El precio de alquiler se ha disparado y los salarios han ido por detrás. Y los sucesivos gobiernos no han favorecido la construcción de suficientes viviendas sociales de alquiler para la gente que no puede pagarse un techo.