La represión se ha acrecentado en Nicaragua de manera desorbitada en las últimas semanas. Ya no son solo políticos o periodistas, sino también empresarios, quienes están en el punto de mira de Daniel Ortega y su esposa Rosa Murillo. La familia presidencial quiere perpetuarse en el poder y para ello recurre a cualquier herramienta.

Ortega y los empresarios no se han llevado mal. Sin embargo, en los últimos días, el presidente ha ordenado la detención de un empresario y un banquero. Se les acusa de atentar contra la soberanía del país cuando, en realidad, lo que ambos hicieron fue llamar la atención sobre intervención indebida del Gobierno de Ortega en sectores económicos estratégicos. La incertidumbre económica y la falta de seguridad jurídica disuaden a los empresarios de invertir en el país centroamericano, lo que aumenta la pobreza y la posibilidad de revueltas populares como las del 2018.

En este escenario, Ortega ha decidido forzar la presión contra algunos apellidos ilustres de la vida política nicaragüense. Primero fueron los Chamorro. Ahora ha sido la esposa del expresidente Alemán, integrante de la oposición a Ortega, la que ha sido detenida.

La Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz es el paraguas bajo el que Ortega se cobija para legitimar sus desmanes. Todos los candidatos a suceder a Ortega están detenidos en sus casas acusados de traición a la Patria. Con ellos encerrados, los periodistas en la cárcel y los empresarios amordazados, la democracia nicaragüense vive sus horas más bajas.