La unanimidad alcanza en el seno del Consejo General del Poder Judicial para la designación de dos candidatos a magistrados del Constitucional es una demostración de responsabilidad y dignidad institucional. Pone en evidencia, además, que el consenso, que siempre significa cesiones y acuerdos, es posible dentro de las instituciones del Estado. A pocos días del discurso en el que el rey Felipe VI llamara a fortalecer las instituciones, a propuesta del denominado sector conservador y cumpliendo lo que dice la ley, los magistrados César Tolosa y María Luisa Segovia, dos nombres de prestigio dentro de la magistratura, pasarán a formar parte del Tribunal Constitucional.

Con esta elección se deslegitima la campaña del Gobierno que acusaba a los jueces de amenazar el sistema democrático y que responsabilizaba al PP de estar detrás del bloqueo. La pretensión del Gobierno de intentar controlar todas las instituciones queda en entredicho. Hay que destacar también el prestigio y la independencia de estos nuevos magistrados del Constitucional que contrasta con las de los candidatos presentados por Pedro Sánchez, de perfil explícitamente gubernamental.

Esta decisión ha provocado que el Gobierno renuncie de momento a la proposición de ley que estaba negociando con sus socios separatistas, una vez que fuera tumbada por el Constitucional. Era una proposición que rompía consensos básicos y que suponía una pérdida indiscutible de calidad democrática.