Línea editorial: "Irán, la represión que no cesa"

Amir Nasr-Azadani, exfutbolista iraní de 26 años, ha sido condenado a muerte. Majid Reza, campeón de lucha libre, ya ha sido ejecutado. Ambos han sido acusados por su participación en manifestaciones a favor de los derechos humanos y contra la represión. Las ejecuciones públicas de ciudadanos relevantes son usadas para atemorizar a la población. Del mismo modo, los juicios sumarísimos sirven para dejar claro cuál es el destino que correrán todos los que se atrevan a discrepar en público. Todos son acusados de traicionar a la patria y de atentar contra la moral.

Las cifras de personas pendientes de juicio y de sentenciados a muerte, según Amnistía Internacional, roza la cuarentena. Unos 28 acusados podrían ser condenados a la horca. Solo en la capital, Teherán, 400 personas han sido condenadas a penas de entre 2 y 10 años de prisión solo por participar en las protestas. A estos “alborotadores”, como les llama el régimen, se suman unos 70 detenidos que han sido condenados a pagar multas. Las cifras totales, desde que se desataron las protestas, suman un total de 18.000 iraníes.

Las sanciones de la Unión Europea no hacen mella en Irán. La presión internacional y las denuncias de las organizaciones de derechos humanos no parecen conmover al régimen. Y, sin embargo, el pueblo resiste. Y lo hacen, en su inmensa mayoría los jóvenes, hombres y mujeres que han decidido hacer frente con su propia vida al régimen de los ayatolás. Por su parte, el gobierno español opta por un silencio sepulcral.