La dureza y claridad con que se expresa la sentencia del Tribunal Supremo que anula el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, no deja lugar a dudas. El coronel estaba, en su calidad de policía judicial, a las órdenes de la magistrada que habría ordenado “la absoluta reserva de la investigación, y por tanto solo podía informarla a ella”. La destitución ordenada por Grande-Marlaska y firmada por la entonces directora General de la Guardia Civil, María Gámez, es contraria a Derecho. El coronel solo cumplía con su deber al no filtrar las diligencias sobre la investigación del 8-M. La pretensión de que Pérez de los Cobos diera información al ministro suponía una “inadmisible interferencia” en una investigación judicial. La decisión del ministro, por tanto, fue un acto arbitrario, que no discrecional.

Desde que se conoció el fallo del Supremo, la respuesta de Grande-Marlaska ha sido lamentable. Pese a que se ha dedicado en los últimos días a sembrar sospechas sobre la honorabilidad de Pérez de los Cobos sin aportar prueba alguna, ha llegado el momento de que acate inmediatamente la sentencia del Supremo y restituya en su puesto al coronel. Este caso ha colocado al ministro de Interior en una situación ética y políticamente insostenible. Quien ha sido juez en ejercicio y es ministro responsable de que se cumpla la ley, ha sido ahora condenado por vulnerarla. Lo más digno para él y para su Gobierno es que presente la dimisión y que le sea aceptada inmediatamente. En caso contrario, se agravaría el deterioro institucional que ya acompaña la trayectoria del Gobierno de Pedro Sánchez.