Trece años después, el Tribunal Constitucional avala la ley del aborto con la que se introdujo en España un sistema de plazos. La mayoría progresista ni siquiera aceptó conceder que se declarara inconstitucional un solo artículo, considerando que proporcionar a la madre un sobre cerrado con información sobre posibles ayudas no es una protección suficiente del derecho a la vida del bebé en gestación. Con la propuesta del ponente hubiera quedado esa mínima constancia del drama que se les planteaba a los magistrados: definir los límites de ese derecho a la vida que la Constitución reconoce en su artículo 15.

Las sucesivas mayorías en el Constitucional aparcaron sine die esta cuestión, al constatar que les resultaba imposible encontrar una racionalidad jurídica sobre la que fundamentar una decisión de consenso. Y pasó lo que se temía que pasara: el Tribunal Constitucional más politizado de la historia ha solventado la cuestión exactamente del modo en que cabía esperar que lo hiciera.

“Es un día triste para la sociedad española”, ha dicho el secretario general de la CEE. “En España hay seres humanos a los que no se reconocen derechos humanos”. Solo queda esperar que algún voto particular refleje que aún quedan jueces para los que los derechos no son solo cuestión de mayorías de poder.