Con el telón de fondo de la innecesaria moción de censura, han pasado sin apenas eco mediático dos preocupantes sentencias del Tribunal Constitucional, que han avalado en los últimos días la llamada ley Celáa y la ley de eutanasia. Esta última merece un análisis detenido. En vigor desde junio de 2021, la ley fue aprobada sin consenso ni debate alguno y está suscitando una oposición notable en médicos y demás agentes sanitarios, a los que apunta directamente como ejecutores, de lo que sutilmente la Ley llama una y otra vez “ayudar a morir”.

Hemos conocido que en algunos lugares que tienen el dudoso honor de ser pioneros en esta forma particularmente cruel de cultura de la muerte, el debate se ha precipitado por una alarmante pendiente resbaladiza. En Países Bajos las cifras de muertes por eutanasia no dejan de crecer y tienen encima de la mesa debates como el de autorizarla a mayores de 75 años, sin más razón que la de que se han cansado de vivir. Ahora acabamos de conocer que el Gobierno canadiense está sopesando si extender la eutanasia a los niños y a los enfermos mentales. Hace solo 7 años, cuando se consiguió la aprobación de la Ley, se aseguró que solo se aplicaría a personas adultas gravemente enfermas. Ojalá que dentro de unos años, en España no nos tengamos que lamentar de lo mismo, pero esta es la cruda realidad de lo que se conoce como “pendiente resbaladiza”, porque o se respeta toda la vida y la vida de todos, desde su inicio en la concepción hasta su fin natural, o nos vemos abocados al consenso sobre quién merece y quién no merece vivir, lo que acaba irremediablemente en decisiones cada vez más irracionales y arbitrarias.