Este martes comienza para gran parte de los alumnos un nuevo curso escolar, el segundo que viviremos bajo la excepcionalidad de la primera pandemia global de la historia, y el primero completo de la nueva ley de educación, la conocida como ley Celáa. En este contexto, el secretario general de Escuelas Católicas, Pedro Huerta, ha recordado, aprovechando unas palabras de la nueva ministra, Pilar Alegría, que la escuela concertada es efectivamente un servicio público, que no pretende quitar plazas a nadie, sino que los padres puedan elegir libremente el tipo de educación que quieren para sus hijos.

En este sentido, es lamentable, como denuncia el propio secretario general de Escuelas Católicas, que en algunas autonomías se privilegie a los centros de titularidad estatal, mientras se siguen poniendo palos en las ruedas de los concertados. Valga como ejemplo ilustrativo el hecho de que algunas comunidades autónomas sólo hayan bajado las ratios o enviado profesores de refuerzo a los centros estatales. La predisposición positiva de la nueva ministra de Educación es muy de agradecer. Preocupa, sin embargo, que sus socios de Unidas Podemos sigan en la trinchera ideológica, dándose de bruces con la realidad y afeando a la ministra el camino del diálogo, mientras demagógicamente hablan del gobierno de la gente.

La escuela concertada es un buen espejo, si de verdad quieren conocer la realidad de mucha gente diversa. La Concertada habla con los hechos. Está avalada por su larga trayectoria al servicio de la sociedad desde el compromiso con los alumnos y sus familias, y su trabajo incansable en aras del bien común y de la educación de todos.