“Es una barbaridad”. De esta forma tan gráfica calificaba el presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella, los planes del gobierno para una nueva ley del aborto, y en particular la posibilidad de que las chicas menores de edad puedan abortar de espaldas a sus padres. El arzobispo de Barcelona reclamaba esta semana ayudas para “las madres que no quieren abortar, no solo para las que abortan”.

El texto, sin embargo, se afana en la línea contraria, desde un sectarismo ideológico difícilmente comprensible. El borrador propone eliminar cualquier posible barrera al aborto, como si este fuera un bien deseable, en lugar de un doloroso trance para la mujer y un fracaso para la sociedad en su conjunto.

Todo ello parte de “la falacia” de presentar el aborto como un derecho, decía en COPE el secretario general del episcopado, quien reclamaba una mayor movilización en defensa del derecho a la vida, este sí reconocido y consagrado, al menos sobre el papel. Otra línea en la que trabajarán los obispos es la defensa de la objeción de conciencia.

Este es el encargo que hacía recientemente el Papa Francisco a la presidencia de la Conferencia Episcopal. Ante los ataques contra la vida que supone la banalización del aborto o la legislación de la eutanasia, el Pontífice pedía al episcopado español dar un paso más, y no limitarse a recordar el derecho a la objeción, sino a promoverlo activamente, desde una acción evangelizadora que de forma clara y rotunda ponga “una línea roja ante determinados comportamientos” y recuerde a los católicos su deber de posicionarse a favor de la vida.