La decisión del Gobierno de modificar el Plan de la Cuenca del Tajo en contra de lo que se había decidido en el último Consejo Nacional del Agua ha provocado la inmediata reacción del Presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, que ha calificado esta medida como la “mayor agresión del Gobierno a la Comunidad Autónoma de Murcia”. El Ejecutivo autonómico murciano recurrirá esta decisión ante el Tribunal Supremo por considerar que sentencia de muerte al trasvase Tajo-Segura y condena a la ruina a miles de familias sin el mínimo aval técnico. La reducción del 50 por ciento del caudal del Segura pone en peligro no pocas explotaciones agrícolas en el Levante.

La propuesta de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de aumentar el caudal del Tajo, con lo que se reducirá el agua trasvasada, entra en contradicción con el dictamen del Consejo de Estado y de los servicios jurídicos de las Comunidades de Murcia y Valencia, que consideran que este cambio atenta contra la seguridad jurídica, la lealtad institucional y la transparencia.

En un año de elecciones autonómicas, Sánchez se ha decantado por la posición de Castilla-La Mancha frente a las expectativas de Murcia y Valencia. Lo que es lamentable es que la inexistencia de un Plan Hidrológico Nacional bien formulado esté convirtiendo el agua en causa de conflicto entre comunidades autónomas. Es un asunto inflamable que pone a prueba nuestra solidaridad territorial y también las pautas de buen gobierno que no son un punto fuerte de este Ejecutivo.