Aprovechando el mes de agosto, el Gobierno ha presentado para las oportunas alegaciones el anteproyecto de Ley de Información Clasificada que pretende derogar la Ley de Secretos Oficiales. El texto, que fue aprobado en el único Consejo de Ministros celebrado este mes, ha provocado una dura reacción tanto de la Federación de la Asociaciones de la Prensa de España como de la Asocación de la Prensa de Madrid, organizaciones mayoritarias en el sector. Para los representantes de los periodistas esta propuesta legilativa supone una limitación de los derechos de libertad de información y de expresión.

Según la nueva norma, el ministerio de Defensa dejará de tener la potestad de desclasificar los documentos que pasará al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Los periodistas españoles, además de insistir en que no hay motivo para que la ley se tramite de forma urgente dado que afecta a derechos constitucionales básicos, consideran que la limitación de los derechos de información y expresión, aunque se utilice el paragüas de la seguridad nacional y la defensa, es impropia de un Estado democrático. El acceso de un periodista en el ejerccio de su profesión a información clasificada de interés público no debiera ser objeto de sanción. Tampoco es adecuada la propuesta de que se pueda delegar en los funcionarios la decisión sobre la clasificación de los documentos. Una propuesta que pretende blindar determinados contenidos. Si así fuera, en España no se hubieran podido publicar casos de corrupción que han marcado la historia política reciente.