La reciente muerte de la juez decana del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, ha acentuado uno de los debates políticos que más dividen a la sociedad norteamericana: la influencia de los magistrados de dicho tribunal en la configuración de la propia sociedad. Aunque la Corte Suprema actualmente está integrada por cinco jueces conservadores y cuatro progresistas, todos ellos vitalicios, no siempre se inclinan sus votaciones por el lado de la mayoría. El hecho de no depender del Ejecutivo una vez nombrados hace que los jueces no se sometan a esquemas partidistas, aunque mantengan su propia sensibilidad.

El caso es que tras la muerte de la juez Bader Ginsburg, emblema de los denominados progresistas, el presidente Donald Trump pretende reemplazarla de manera inmediata y en plena campaña electoral. Parece que su candidata sería una juez de gran prestigio, católica y contraria al aborto, un perfil demasiado conservador para los demócratas, que consideran que no se debería nombrar al nuevo miembro del Supremo antes de las elecciones presidenciales y de la renovación parcial del Senado.

La cuestión entra de lleno en la campaña, dado que la opción de Trump puede decantar el equilibrio del Supremo a la hora de examinar las legislaciones sobre el aborto y sobre cuestiones relacionadas con la ideología de género. Se reproduce un viejo debate en el que no cuentan tanto los méritos jurídicos de los candidatos como su tradición religiosa y cultural. Un signo más de la polarización que experimenta el país.