El presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha dado a conocer los motivos por los que se abstuvo el pasado jueves en la votación de los informes sobre la ley de amnistía. En un documento de nueve páginas, Guilarte sostiene que la ley tiene un evidente componente político y que su aprobación, como es fácil intuir desde el más elemental sentido común, es la contrapartida por el apoyo de sus beneficiarios en lo que es una evidente moneda de cambio, fruto de una transacción política. A diferencia de cuantas leyes de amnistía hemos conocido, afirma Guilarte, esta no es una mera medida de gracia otorgada unilateralmente por el Poder Legislativo, sino que está estrechamente relacionada con la consecución de una mayoría parlamentaria para conseguir sacar adelante una legislatura. Vender ahora que la ley tiene como objetivo pacificar Cataluña, cuando ni siquiera se contemplaba en los programas electorales, es una forma de esconder las verdaderas razones que se esconden detrás de todo.

Sánchez sabe bien que uno de los diques de contención más fuertes que se encuentra a la hora de llevar a cabo su proyecto político se encuentra en el Poder Judicial, de ahí sus intentos constantes por someterlo. Aunque el presidente del CGPJ consideró prudente mantener cierta neutralidad a la hora de votar el informe, aclara que no existen precedentes de esta norma, ni en España ni en el resto de los países en que se han acordado medidas de gracia similares. También advierte sobre la gravedad de las comisiones parlamentarias de investigación sobre las actuaciones de los jueces, que contempla la ley, por estar en flagrante contradicción con el principio de independencia judicial.