El 12 de febrero de 2019 ya está en la historia de la democracia española. La apertura del juicio oral en el que se dirimirán las responsabilidades penales de los imputados por el 1-O marcará los próximos meses de la vida española. Durante estos meses, además, los españoles van a tener que enfrentarse a la incertidumbre política que tiene como protagonista al Presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Desde la Moncloa, Sánchez ha trabajado durante meses para conseguir que sus socios de investidura apoyaran unos Presupuestos Generales del Estado con los que legitimar su acción de Gobierno. Sánchez debía saber que el apoyo del independentismo catalán era crucial y que el precio sería al final inasumible, pero sólo la presión de la calle y la tensión interna en el PSOE le han forzado a rendirse a la evidencia.

Es verdad que la prórroga de los Presupuestos podría evitar la convocatoria de elecciones generales, pero Sánchez sabe que su gobierno estaría tocado del ala. Sabe también que para una parte muy importante de su electorado y de otros potenciales electores, es insoportable cualquier nueva cesión o debilidad frente al independentismo.

Por eso en las últimas horas se extiende la sensación de que la única salida que le queda es convocar elecciones, asumiendo el papel de víctima de la intransigencia de unos y otros. Un relato que muy difícilmente le va a comprar la sociedad española, cuando se hacen evidentes las consecuencias de aquella insostenible moción de censura que le llevó al poder.