Durante más de ocho años la vida financiera del país ha estado pendiente del juicio abierto al Consejo de Bankia, acusado de preparar una salida a Bolsa de la entidad a partir de unas cuentas falsas destinadas a estafar, supuestamente, a los inversores minoritarios. Aquella operación de ingeniería financiera propiciada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero para maquillar de algún modo la crisis económica, llevó al banquillo de los acusados a todos los directivos del nuevo banco, fruto de la fusión de varias Cajas, encabezados por el ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, con la correspondiente tormenta política.

Después de la larga instrucción promovida por la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia Nacional ha absuelto a todos los acusados en una sentencia contundente que pone de manifiesto no solo la claridad de las cuentas, sino el hecho de que éstas habían sido previamente controladas y avaladas por todos los organismos financieros, entre ellos el Banco de España.

Un aspecto importante de este caso es la incapacidad del propio sistema para hacer prevalecer la presunción de inocencia e impedir la difamación permanente de los imputados. Sometidos a juicios paralelos durante años por una parte de los medios de comunicación, los acusados han visto injustamente destrozadas sus carreras profesionales y políticas, además del calvario personal que han tenido que soportar.