Esta tarde, cuando el Rey haya recibido a los dirigentes de los cuatro principales partidos políticos, deberá quedar despejada la incógnita de uno de los problemas más incomprensibles con los que se ha enfrentado nuestro sistema democrático: cómo formar gobierno cuando todo el arco parlamentario ha decidido vetar al ganador de las elecciones. En las últimas 24 horas el problema se ha vuelto mucho más absurdo al coincidir los decisivos despachos de Felipe VI con la culminación del desafío del Parlamento catalán a la legalidad vigente, una vez aprobado el procedimiento para romper con España. Es verdad que tanto el PSOE como Ciudadanos han mostrado su apoyo al Gobierno en funciones para recurrir al Tribunal Constitucional y defender el imperio de la ley. Pero este consenso formal sobre la unidad de España, como otros necesarios, hace aún más incomprensible la ausencia de responsabilidad de quienes tienen la clave para evitar la repetición, por tercera vez, de las elecciones. El juego de las acusaciones mutuas, de amagar y no dar, de vetar y lamentar, no puede durar ya mucho más. De lo contrario será difícil evitar la sensación de mediocridad y de incapacidad para el ejercicio de la política que los partidos perdedores están dejando en una sociedad cada vez más necesitada de confianza en el sistema democrático y en quienes están llamados a fortalecerlo.