El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha aprovechado la sesión de control al Gobierno en el Congreso para anunciar que su departamento iniciará la próxima semana la tramitación de los indultos a los presos del “Procés”.

Es cierto que el inicio del proceso es un paso obligado para conocer la posibilidad real de conceder un indulto solicitado. Pero la forma y el lugar de este anuncio siembran la sospecha de que Pedro Sánchez, que necesita el voto de los independentistas para manterse en el Gobierno y aprobar los presupuestos, esté cumpliendo la parte de su trato.

Los políticos presos no se han arrepentido de sus actos, y ya se han beneficiado de una política de privilegios penitenciarios, alcanzando un inusitado tercer grado.

Además, este anuncio se produce cuando está abierta la modificación en el Código Penal de los delitos de rebelión y sedición, tal como los independentistas exigen desde hace tiempo.

Pedro Sánchez ha proclamado en varias ocasiones que descartaba el indulto y que garantizaba el cumplimiento íntegro de las penas de los condenados por el Procés, pero ya estamos acostumbrados a la banalidad de sus compromisos públicos.

El Presidente parece no tener escrúpulos en claudicar ante unos políticos que quieren romper con la Constitución y los consensos básicos de la Transición. No tardaremos mucho en ver la mesa de negociación entre el Estado y la Generalitat, y entonces, ¿cuál será el plan de Sánchez?