El indulto parcial concedido por el Consejo de Ministros a la madre granadina Juana Rivas, pone de manifiesto la injerencia en la acción judicial de la ideología de género que impregna toda la acción del Gobierno de Sánchez. Rivas fue condenada en primera instancia a cinco años de prisión, por la sustracción de sus dos hijos al padre, Francisco Arcuri, que vive en Italia. El delito del que fue acusada fue el de regresar con sus hijos a España y acusar falsamente al exmarido de maltrato, para justificarse. Posteriormente, el Tribunal Supremo rebajó a la mitad esa condena y mantuvo el pago de una indemnización al padre de los menores, que volvieron a Italia bajo su custodia.

Lo lamentable de este embrollo es que, de inmediato, intervino como asesora de la condenada un grupo feminista que vio en el caso un instrumento de propaganda ideológica, aunque la supuesta violencia del exmarido no ha sido probada judicialmente. Por el contrario, la justicia ha archivado las denuncias contra Francisco Arcuri. Lo cierto es que se abrió un proceso paralelo para presentar a Rivas como una víctima del machismo, con el apoyo de la ministra de Igualdad, que ha vuelto a acusar al marido de maltrato. De esta manera, el gobierno desprecia una vez más a los jueces, sustituye el derecho por la ideología, y ahonda la desconfianza en las instituciones. Todo un cúmulo de irresponsabilidades.