Independencia judicial

La contundencia con la que la juez Carmen Rodríguez-Medel ha rechazado las pretensiones de la fiscalía y de la abogacía del Estado de cerrar la investigación sobre si el Delegado del Gobierno en Madrid cometió prevaricación al autorizar la manifestación del 8 de marzo, pone de manifiesto que la defensa de la independencia judicial es una prioridad en estos momentos.

El auto de la juez no deja resquicio a la duda sobre si citar a declarar al Delegado del Gobierno es un acto conforme a derecho. Declaración que no solo es conveniente sino necesaria para clarificar cuáles son las responsabilidades penales en las que hayan podido incurrir los responsables políticos que autorizaron la citada manifestación. La ejemplar actuación de la jueza contrasta con la posición que sostiene tanto la fiscalía como la abogacía del Estado, que parecen haberse convertido en una larga mano del Gobierno de Pedro Sánchez. Se trata de una posición cargada de contradicciones y de argumentos técnicamente débiles.

La campaña política y mediática desatada contra la juez Rodríguez-Medel es un indicio preocupante de erosión de nuestra vida democrática, porque la división de poderes y la defensa de la libertad de los jueces debe ser una prioridad de todos. Nadie puede prejuzgar el resultado final de esta causa que parece provocar tanta inquietud en el Gobierno. España ha sufrido un gran daño a causa de la pandemia del COVID, y algunos aspectos de la gestión sanitaria y política merecen ser investigados con serenidad y plenas garantías para todos.