La ajustada sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto hipotecario ha suscitado decepción entre los usuarios de este mecanismo financiero que pensaban recuperar las cantidades abonadas a las haciendas autonómicas en el momento de adquirir su hipoteca. Lo que estaba en juego era tanto la obligación de los bancos de pagar este impuesto, según la anterior sentencia de la Sala Tercera de este mismo Tribunal, como su carácter retroactivo, que hubiera supuesto la devolución de hasta cinco mil millones de euros, un varapalo inmediato para las cuentas públicas y, posteriormente, para las entidades financieras. Ahora, las controvertidas sentencias del pleno y de la citada Sala Tercera han dejado dividido y debilitado el prestigio del alto tribunal, en un momento en que no deja de sufrir presiones desde diversos ámbitos.

Al margen de la utilización política de estas sentencias por parte del populismo y el separatismo, aliados del Gobierno de Sánchez, y al margen también de la división que se ha registrado entre los jueces, hay que tener en cuenta que los argumentos jurídicos se ajustan a una ley hipotecaria que necesita una reforma para evitar las ambigüedades que han llevado a esta innecesaria polémica. Corresponde al Gobierno y a las Cámaras legislativas introducir los cambios y precisiones necesarias para que no haya lugar a interpretaciones contradictorias y, sobre todo, para evitar indeseables repercusiones en la vida económica y en los derechos de los ciudadanos.