El Gobierno publicó, cuando faltaba media hora para que comenzara el lunes, la limitación de todas las actividades productivas, excepto de aquellas que sean esenciales para el suministro de servicios y bienes básicos. Es una medida muy drástica que supone un parón casi total en la actividad económica, similar a la que se tomó en China y en Italia. La decisión, que tendrá sin duda duras consecuencias económicas, pretende conseguir que el sistema sanitario mantenga su capacidad, en la medida de lo posible, para seguir atendiendo a los casos más graves de los que sufren el Covid-19.

Habrá que comprobar la eficacia de la medida, pero en todo caso es cuestionable el modo en que la ha tomado el Gobierno. Seguramente el Ejecutivo ha pensado que era preferible negar hasta el último momento que la medida se iba a tomar, pero es difícil superar la sensación de que se está improvisando. Ha faltado diálogo y consenso con empresarios y sindicatos, y con las Comunidades autónomas. La lista de actividades que debían parar no se conoció hasta media hora antes de que entrase en vigor el decreto. Y al final, ante la imposibilidad de que entrara efectivamente en vigor, se ha establecido una moratoria de un día. En Italia el Gobierno dio a los empresarios cuatro jornadas para prepararse.

Todos sabemos que el Gobierno no es el responsable de lo que está sucediendo pero en una situación como ésta es esencial no añadir incertidumbre a base de improvisaciones.