Esta tarde vence el segundo plazo, esperemos que definitivo, para que Torra retire los lazos amarillos de los edificios públicos de la Generalitat. La Junta Electoral Central le ha avisado de que puede cometer un delito de desobediencia por el que podría ser inhabilitado. Hasta el momento Torra, a pesar de sus excesos verbales, ha intentado mantenerse dentro de la ley, en las próximas horas veremos si la incumple.

Los razonamientos que ha utilizado la Junta Electoral Central son contundentes: Torra se ha apropiado de unos espacios que son de todos, para hacer propaganda de una posición que sostiene sólo una parte de la sociedad catalana. El caso de los lazos amarillos puede servir para poner freno a algunos incumplimientos que se producen en Cataluña desde hace años. No hay más que recordar los incumplimientos sistemáticos de las sentencia en materia de enseñanza lingüística. El intento de proceso de secesión fue detenido con la aplicación del Artículo 155 y con unas acciones judiciales contundentes. Pero la restauración de la legalidad en otras cuestiones todavía esté pendiente.

El hecho de que se haga efectiva la decisión de la Junta Electoral Central depende del sistema judicial, pero el Gobierno puede y debe tomar un mayor protagonismo. PP y Ciudadanos han requerido a la fiscalía que actúe, lo mismo puede hacer el Ejecutivo. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, aseguró la semana pasada que los lazos debían retirarse. Este martes tiene una gran ocasión para remar a favor de la ley.