Grave crisis constitucional

La reforma del Consejo del Poder Judicial propuesta por el PSOE y Podemos supone una quiebra sin precedentes del Estado de Derecho al romper el equilibrio institucional. La intención de que la simple mayoría del Congreso elija a doce de los veinte miembros del Consejo, eliminando la mayoría reforzada de tres quintos, provoca una grave crisis constitucional y coloca a España en una difícil situación en una Europa que ha hecho lo posible para frenar intentos de esta naturaleza en otros países.

Esta operación que compromete la separación de poderes recuerda a las revoluciones bolivarianas, que han acabado convirtiendo la democracia en un sistema solo nominal. Habrá que esperar a que, en cuanto sea posible, los partidos políticos de la oposición recurran al Tribunal Constitucional. Impugnar esta proposición de ley es una exigencia democrática y además tiene fundamento en la jurisprudencia del Constitucional, que ya aseguró en una sentencia de 1986 que el Consejo no puede ocupar un lugar subordinado al resto de poderes del Estado, y que la exigencia de mayoría cualificada era un seguro frente a cualquier intento de someter a los jueces a los intereses partidistas.

Por su parte el líder del PP, Pablo Casado, ya ha dejado claro hoy en el Congreso que mientras no se retire este atropello, no habrá nada que pactar con el Gobierno.