La arbitraria asignación por el Ministerio de Trabajo de 9 millones de euros de los Fondos Europeos al País Vasco, Navarra, Extremadura y Valencia, dejando fuera a otras Comunidades, ha motivado la primera reacción política y judicial de varias Comunidades y ayuntamientos. La presidenta madrileña Díaz Ayuso ha anunciado que va a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, mientras el presidente gallego Núñez Feijóo se suma a la denuncia, después de enviar un requerimiento a la ministra de Trabajo. Son actuaciones oportunas que servirán para que la Unión Europea tome nota de cómo está gestionando esos fondos el Gobierno, e intensifique los mecanismos de control sobre un dinero esencial para la recuperación y la transformación económica de España.

Había ya indicios suficientes para sospechar que el reparto de las ayudas de la Unión Europea por parte del Gobierno iba a estar marcado por la arbitrariedad y el sectarismo. Desde el primer momento han faltado controles que aseguren una gestión transparente, y se ha rechazado la intervención de expertos independientes, como se ha hecho en otros países.

La Comisión Europea ha señalado que estos fondos deben servir para mejorar transformar el tejido productivo y la innovación, lo que en España se traducirá en una mejora de nuestro nivel de desempleo endémico. El peligro es que, en lugar de eso, se utilicen para comprar voluntades y apuntalar los acuerdos del gobierno con las fuerzas nacionalistas. Europa, y también la justicia española, deben tomar cartas en el asunto.