Después de dos años de conversaciones, la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo se ha roto por el adelanto de las elecciones y por las inaceptables exigencias de Podemos. Es la primera vez, desde su creación en 1995, que los miembros de la comisión han sido incapaces de consensuar unas recomendaciones que permitan mantener y mejorar el sistema público de pensiones, un sistema público con un déficit superior a los 19.000 millones de euros.

Pese a que inicialmente se había consolidado un acuerdo con 21 recomendaciones, dos han sido las causas que han roto lo pactado. La primera es la insistencia del PSOE en legislar por libre a base de reales decretos para buscar votos al margen de lo que se había decidido. Y la segunda, la salida de tono de Podemos al anunciar una serie de votos particulares a las recomendaciones que estaban acordadas, con lo que da la impresión de querer dinamitar el pacto. Una vez más, los políticos han sido incapaces de ofrecer una respuesta a las causas que están poniendo en riesgo las pensiones: el envejecimiento de la población, al aumento en el gasto y la necesidad de asegurar los ingresos. Por mucho que quieran enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, el fracaso de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo confirma la dificultad para llegar a acuerdos en materias clave para el futuro de los españoles.