Si la nueva ley del aborto sale adelante tal como está redactada en el anteproyecto de la ministra de Igualdad, Irene Montero, las menores de 16 años podrán abortan sin el consentimiento paterno. No podrán comprar alcohol ni entrar en una plaza de toros para ver una corrida sin el permiso de sus padres. No podrán conducir, ni votar, pero sí podrán abortar.

La ministra Montero quiere también limitar el derecho de los médicos a la objeción de conciencia. El Tribunal Constitucional se pronunció en 1985 sobre este derecho. El Constitucional dijo entonces que la objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa. Muchos de los médicos de la Sanidad Pública no realizan abortos. De hecho, solo un 15 por ciento de los abortos que se llevan a cabo en España se realizan en clínicas y hospitales de las Comunidades Autónomas. Durante el año 2020 no se realizó ningún aborto en los hospitales públicos de cuatro comunidades: Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura.

La nueva regulación no puede pasar por encima de la conciencia de los médicos. Un régimen democrático no es solo un régimen en el que la mayoría del Congreso toma decisiones vinculantes para los ciudadanos, es un régimen con limitaciones constitucionales. En una democracia madura, si una norma plantea un conflicto irresoluble entre diferentes derechos, se tiene que respetar la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia.