El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha intervenido las cuentas de la Junta de Andalucía. La Comunidad Autónoma, gobernada por el PP y por Ciudadanos deberá someterse a un plan de ajuste controlado desde Madrid. Esta decisión se produce porque al cierre de 2018 el déficit fue del 0,5 por ciento, una décima más del objetivo establecido.

La reducción del déficit y de la deuda de las Comunidades Autónomas es un objetivo necesario para logra un crecimiento sano. Pero una décima no resuelve nada y debería ser tratada con la misma flexibilidad que el Gobierno de Sánchez reclama a Bruselas. España también va a incumplir por décimas el objetivo de reducción de déficit para 2019. Se da, además, la circunstancia de que quien ha tomado la decisión respecto a las cuentas andaluzas es la última responsable del incumplimiento. Estamos hablando de la ejecución presupuestaria realizada en 2016 por la entonces  consejera de Hacienda y ahora ministra Maria Jesús Montero. La décima de incumplimiento lo fue en gran medida por facturas pendientes del Gobierno de Susana Díaz.

La decisión está motivada más por razones políticas que financieras. Andalucía es la primera Comunidad Autónoma que ha aprobado el presupuesto, y el Gobierno de Sánchez pretende impedir que los Gobiernos del PP y de Ciudadanos apliquen rebajas de impuestos.