El pasado 12 de enero la Junta de Castilla y León anunció mediante Nota de Prensa que el Ejecutivo pondría en marcha un plan activo de fomento de la natalidad y protección de la familia, tanto en el plano asistencial como sanitario, mediante la prestación de servicios de asistencia psicosocial, así como protocolos que facilitaran el acceso a pruebas de evidencia centradas en el cuidado del embarazo. Con relación al acceso al aborto, la Junta se compromete, además, a garantizar el derecho a la objeción de conciencia.

A las pocas horas de conocerse esta nota, las medidas han sido tachadas por el Gobierno Sánchez como coactivas, intimidantes y regresivas. Es decir, el Gobierno español entiende que prestar atención psicosocial a madres y familias con dificultades, o facilitar el acceso a mejores técnicas de diagnóstico es un modo de coartar la libertad de la mujer. ¿Significa esto que las medidas de fomento de la natalidad y de cuidado a la mujer embarazada son contrarias a la libertad? O mejor aún ¿considera el Gobierno que las mujeres que deciden ser madres, pese a las dificultades sociosanitarias, son menos libres? La libertad requiere información, apoyo y recursos. Y de los Gobiernos democráticos que respetan y promueven la libertad se espera que faciliten el acceso de los ciudadanos a la información y a los recursos que les faciliten desarrollarse dignamente y en libertad. La Junta de Castilla y León no tiene competencias para vulnerar lo dispuesto en la legislación estatal, pero sí tiene el deber de diseñar aquellas políticas públicas que están en el ámbito de sus competencias, incluidas las que se refieren a la promoción de la natalidad y la protección de la familia.